ORGANIZACIONES LLAMAN AL ESTADO SALVADOREÑO A ACOGER LAS RECOMENDACIONES DEL ORGANISMO INTERNACIONAL
El
Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés),
Women’s Equality Center (WEC), la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo
Local y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
llamaron al Gobierno, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de
Justicia de El Salvador a acoger las recomendaciones del Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria respecto de
la privación arbitraria de la libertad de mujeres que han sufrido
emergencias obstétricas, y exigieron la liberación de las que aún se
encuentran apresadas.
En julio de 2019, las organizaciones firmantes presentaron los casos Sara del Rosario Rogel, Berta Margarita Arana y Evelyn Beatriz Hernández, tres mujeres salvadoreñas que, al haber sufrido una emergencia obstétrica, fueron detenidas de forma arbitraria mientras buscaban asistencia en centros de salud, y criminalizadas injustamente en violación a sus derechos de la presunción de inocencia, debido proceso, entre otros.
Estas mujeres se encontraban en un grave estado de salud, habiendo sufrido fuertes hemorragias, cuando fueron denunciadas por el supuesto delito de aborto, y, sin haber recibido la atención integral que ellas requerían, fueron detenidas sin orden judicial y acusadas por la comisión del delito de homicidio agravado, o su alternativo de tentativa, sin investigación alguna o pruebas concretas; pasando directamente del hospital a la cárcel.
El 20 de febrero, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, instancia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pronunció sobre estos casos y recomendó al Estado de El Salvador poner inmediatamente en libertad a Sara Rogel y Berta Arana, quienes aún siguen privadas arbitrariamente de su libertad, y otorgarle a las tres mujeres una indemnización y otros tipos de reparaciones acordes al derecho internacional por los daños ocasionados.
Asimismo, consideró que El Salvador debe llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de estas detenciones y adoptar las consecuencias correspondientes para los que resulten responsables. Llamó además al Gobierno a adoptar de manera urgente las reformas legislativas y judiciales, y las políticas públicas necesarias, para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo consideró específicamente que el marco normativo vigente de El Salvador, y en particular su interpretación y aplicación por las autoridades, es discriminatorio en cuanto restringe los derechos humanos y la dignidad de las mujeres pues criminaliza el ejercicio de sus derechos reproductivos y las conductas que son el resultado directo de la falta de acceso a servicios de salud.
“El pronunciamiento y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas sobre los tres casos presentados, confirma que en El Salvador se viola el derecho de estas mujeres a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a ser oídas, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a no ser discriminadas. Esto ocurre principalmente a mujeres que viven en situación de pobreza, discriminación y marginación”, señaló Morena Herrera, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
En 2019, la Agrupación y las organizaciones firmantes, levantaron la información de los casos de Sara, Berta y Evelyn, y determinaron que, en todos, las detenciones se dieron sin una orden judicial, carecieron de fundamento legal en razón de que tanto el tipo penal que se les imputa, como los criterios utilizados para la aplicación de la prisión preventiva, son contrarios al derecho internacional. Se hace evidente además un notorio sesgo de género y condición socioeconómica. Finalmente, una vez que las mujeres fueron sometidas a juicio, el sistema penal dio pie a procesos parcializados en los cuales se les negaron sus garantías procesales. Esto fue confirmado por la Opinión del Grupo de Trabajo de este 20 de febrero.
De acuerdo con investigaciones realizadas por la Agrupación, se estima que entre 1998 que entró en vigencia la ley que penaliza de forma absoluta del aborto, y 2019, al menos 181 mujeres han sido detenidas arbitrariamente y procesadas de manera ilegal por razones asociadas al aborto y emergencias obstétricas.
Este nuevo pronunciamiento de instancia internacional debe ser escuchado por las autoridades del Estado salvadoreño, señalan las organizaciones firmantes, pues ha quedado en evidencia que en los casos de la detención de Sara Rogel, Berta Arana y Evelyn Hernández concurrieron al menos tres de las cinco categorías que configuran una detención arbitraria según lo establecido por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, incluyendo carencia de fundamento legal y de garantías procesales, juicios parcializados y una clara discriminación en razón del sexo, género y condición socioeconómica.
Numerosas organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales han insistido que estos casos son consecuencia de la prohibición absoluta del aborto que criminaliza a las mujeres, las estigmatiza y las condena injusta y arbitrariamente por no reconocer sus derechos sexuales y reproductivos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones finales respecto a El Salvador emitidas en 2018, precisó que “le preocupa la criminalización total de la interrupción voluntaria del embarazo en el Estado parte, lo que obliga a las mujeres y niñas a recurrir a abortos inseguros que ponen en grave peligro su vida y su salud”, al igual que “las desproporcionadas condenas de hasta 40 años de prisión que se imponen, bajo acusación del delito de homicidio agravado, no solo a las mujeres que tratan de abortar, sino también a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo”.
El Salvador es uno de los seis países de América Latina donde el aborto es penalizado en todas las circunstancias, en el que además existe una política de persecución contra las mujeres que por razones ajenas a su voluntad se enfrentan a complicaciones durante su embarazo. Durante los últimos años la persecución a las mujeres se combina con estrategias de ensañamiento judicial como el que enfrenta Evelyn Hernández, quien fue sentenciada a 30 años de cárcel, y si bien esa sentencia fue declarada nula al haberse verificado serias irregularidades en el proceso, y el nuevo juicio al cual fue sometida la absolvió, actualmente Evelyn todavía enfrenta la amenaza de un tercer juicio como resultado de la apelación por parte de la Fiscalía General de la República.
RESUMEN DE LOS CASOS PRESENTADOS
Nombre: Sara del Rosario Rogel
Fecha de detención: 8 de octubre de 2012
Estado actual: Privada de libertad
El 7 de octubre de 2012, Sara Rogel, a sus 22 años, llegó al Hospital Nacional de Cojutepeque en grave estado de salud tras haber sufrido una fuerte caída lo que le ocasionó una emergencia obstétrica. Presumiendo que era la autora de un delito, y a pesar de su delicado estado de salud, pues presentaba desgarro y sangramiento, fue detenida arbitrariamente en el Hospital, quedando bajo vigilancia policial. La Fiscalía General la acusó de homicidio agravado, interpretando parcializadamente los hechos y presumiendo su culpabilidad sin prueba alguna. El 12 de septiembre de 2013, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la condenó por este delito a una pena de 30 años de prisión. A la fecha, Sara Rogel continúa arbitrariamente privada de su libertad.
Nombre: Berta Margarita Arana
Fecha de detención: 24 de septiembre de 2013
Estado actual: Privada de libertad
El 23 de septiembre de 2013, Berta Arana, a sus 20 años, quien no contaba con ningún grado de escolaridad, trabajaba como empleada del servicio doméstico y vivía en una zona rural y apartada, sufrió una emergencia obstétrica, al enfrentar un parto extrahospitalario. Al día siguiente, mientras recibía atención médica de urgencia, fue detenida por la Policía Nacional en el Hospital Nacional de Ahuachapán bajo presunción estereotipada de que la autora habría cometido un delito. La Fiscalía General la acusó de homicidio agravado en grado de tentativa, delito del que fue encontrada culpable por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán el 2 de julio de 2014 y condenada a 15 años de prisión. Berta aún se encuentra arbitrariamente privada de su libertad y se le ha negado arbitraria y sistemáticamente el acceso a beneficios penitenciarios debido a su condición de origine y mujer pobre, ya que es nacional de Guatemala y no cuenta con un documento de identidad, lo que la pone en una situación de desproporcionada desventaja y arbitrariedad, incluso, frente a otras personas privadas de su libertad.
Nombre: Evelyn Beatriz Hernández
Fecha de detención: 6 de abril de 2016
Estado actual: Libertad provisional
El 6 de abril de 2016, Evelyn Hernández, a sus 18 años, quien desconocía su estado de embarazo, sufrió una emergencia obstétrica. Su madre la llevó de emergencia al hospital, donde en lugar de recibir las atenciones médicas y el acompañamiento necesario, fue detenida arbitrariamente y acusada por el delito de homicidio agravado. Evelyn fue sometida a un proceso penal parcializado y el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la condenó a 30 años de cárcel el 5 de julio de 2017. Luego de un recurso de apelación, la Cámara Primera de lo Penal anuló la sentencia, ya que la Fiscalía General de El Salvador no logró demostrar mediante el acervo probatorio la comisión del delito y ordenó la realización de un nuevo juicio. El 19 de agosto de 2019, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque dictó sentencia absolutoria a favor de Evelyn pero el 6 de septiembre de 2019 la Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra dicha decisión. Luego de la interposición de un recurso de recusación exitoso por parte de la defensa de Evelyn, la nueva composición de la Cámara Segunda de lo Penal deberá resolver el recurso de apelación por lo que, hasta la fecha, la persecución y criminalización contra Evelyn persiste.
En julio de 2019, las organizaciones firmantes presentaron los casos Sara del Rosario Rogel, Berta Margarita Arana y Evelyn Beatriz Hernández, tres mujeres salvadoreñas que, al haber sufrido una emergencia obstétrica, fueron detenidas de forma arbitraria mientras buscaban asistencia en centros de salud, y criminalizadas injustamente en violación a sus derechos de la presunción de inocencia, debido proceso, entre otros.
Estas mujeres se encontraban en un grave estado de salud, habiendo sufrido fuertes hemorragias, cuando fueron denunciadas por el supuesto delito de aborto, y, sin haber recibido la atención integral que ellas requerían, fueron detenidas sin orden judicial y acusadas por la comisión del delito de homicidio agravado, o su alternativo de tentativa, sin investigación alguna o pruebas concretas; pasando directamente del hospital a la cárcel.
El 20 de febrero, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, instancia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pronunció sobre estos casos y recomendó al Estado de El Salvador poner inmediatamente en libertad a Sara Rogel y Berta Arana, quienes aún siguen privadas arbitrariamente de su libertad, y otorgarle a las tres mujeres una indemnización y otros tipos de reparaciones acordes al derecho internacional por los daños ocasionados.
Asimismo, consideró que El Salvador debe llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de estas detenciones y adoptar las consecuencias correspondientes para los que resulten responsables. Llamó además al Gobierno a adoptar de manera urgente las reformas legislativas y judiciales, y las políticas públicas necesarias, para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo consideró específicamente que el marco normativo vigente de El Salvador, y en particular su interpretación y aplicación por las autoridades, es discriminatorio en cuanto restringe los derechos humanos y la dignidad de las mujeres pues criminaliza el ejercicio de sus derechos reproductivos y las conductas que son el resultado directo de la falta de acceso a servicios de salud.
“El pronunciamiento y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas sobre los tres casos presentados, confirma que en El Salvador se viola el derecho de estas mujeres a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a ser oídas, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a no ser discriminadas. Esto ocurre principalmente a mujeres que viven en situación de pobreza, discriminación y marginación”, señaló Morena Herrera, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
En 2019, la Agrupación y las organizaciones firmantes, levantaron la información de los casos de Sara, Berta y Evelyn, y determinaron que, en todos, las detenciones se dieron sin una orden judicial, carecieron de fundamento legal en razón de que tanto el tipo penal que se les imputa, como los criterios utilizados para la aplicación de la prisión preventiva, son contrarios al derecho internacional. Se hace evidente además un notorio sesgo de género y condición socioeconómica. Finalmente, una vez que las mujeres fueron sometidas a juicio, el sistema penal dio pie a procesos parcializados en los cuales se les negaron sus garantías procesales. Esto fue confirmado por la Opinión del Grupo de Trabajo de este 20 de febrero.
De acuerdo con investigaciones realizadas por la Agrupación, se estima que entre 1998 que entró en vigencia la ley que penaliza de forma absoluta del aborto, y 2019, al menos 181 mujeres han sido detenidas arbitrariamente y procesadas de manera ilegal por razones asociadas al aborto y emergencias obstétricas.
Este nuevo pronunciamiento de instancia internacional debe ser escuchado por las autoridades del Estado salvadoreño, señalan las organizaciones firmantes, pues ha quedado en evidencia que en los casos de la detención de Sara Rogel, Berta Arana y Evelyn Hernández concurrieron al menos tres de las cinco categorías que configuran una detención arbitraria según lo establecido por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, incluyendo carencia de fundamento legal y de garantías procesales, juicios parcializados y una clara discriminación en razón del sexo, género y condición socioeconómica.
Numerosas organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales han insistido que estos casos son consecuencia de la prohibición absoluta del aborto que criminaliza a las mujeres, las estigmatiza y las condena injusta y arbitrariamente por no reconocer sus derechos sexuales y reproductivos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones finales respecto a El Salvador emitidas en 2018, precisó que “le preocupa la criminalización total de la interrupción voluntaria del embarazo en el Estado parte, lo que obliga a las mujeres y niñas a recurrir a abortos inseguros que ponen en grave peligro su vida y su salud”, al igual que “las desproporcionadas condenas de hasta 40 años de prisión que se imponen, bajo acusación del delito de homicidio agravado, no solo a las mujeres que tratan de abortar, sino también a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo”.
El Salvador es uno de los seis países de América Latina donde el aborto es penalizado en todas las circunstancias, en el que además existe una política de persecución contra las mujeres que por razones ajenas a su voluntad se enfrentan a complicaciones durante su embarazo. Durante los últimos años la persecución a las mujeres se combina con estrategias de ensañamiento judicial como el que enfrenta Evelyn Hernández, quien fue sentenciada a 30 años de cárcel, y si bien esa sentencia fue declarada nula al haberse verificado serias irregularidades en el proceso, y el nuevo juicio al cual fue sometida la absolvió, actualmente Evelyn todavía enfrenta la amenaza de un tercer juicio como resultado de la apelación por parte de la Fiscalía General de la República.
RESUMEN DE LOS CASOS PRESENTADOS
Nombre: Sara del Rosario Rogel
Fecha de detención: 8 de octubre de 2012
Estado actual: Privada de libertad
El 7 de octubre de 2012, Sara Rogel, a sus 22 años, llegó al Hospital Nacional de Cojutepeque en grave estado de salud tras haber sufrido una fuerte caída lo que le ocasionó una emergencia obstétrica. Presumiendo que era la autora de un delito, y a pesar de su delicado estado de salud, pues presentaba desgarro y sangramiento, fue detenida arbitrariamente en el Hospital, quedando bajo vigilancia policial. La Fiscalía General la acusó de homicidio agravado, interpretando parcializadamente los hechos y presumiendo su culpabilidad sin prueba alguna. El 12 de septiembre de 2013, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la condenó por este delito a una pena de 30 años de prisión. A la fecha, Sara Rogel continúa arbitrariamente privada de su libertad.
Nombre: Berta Margarita Arana
Fecha de detención: 24 de septiembre de 2013
Estado actual: Privada de libertad
El 23 de septiembre de 2013, Berta Arana, a sus 20 años, quien no contaba con ningún grado de escolaridad, trabajaba como empleada del servicio doméstico y vivía en una zona rural y apartada, sufrió una emergencia obstétrica, al enfrentar un parto extrahospitalario. Al día siguiente, mientras recibía atención médica de urgencia, fue detenida por la Policía Nacional en el Hospital Nacional de Ahuachapán bajo presunción estereotipada de que la autora habría cometido un delito. La Fiscalía General la acusó de homicidio agravado en grado de tentativa, delito del que fue encontrada culpable por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán el 2 de julio de 2014 y condenada a 15 años de prisión. Berta aún se encuentra arbitrariamente privada de su libertad y se le ha negado arbitraria y sistemáticamente el acceso a beneficios penitenciarios debido a su condición de origine y mujer pobre, ya que es nacional de Guatemala y no cuenta con un documento de identidad, lo que la pone en una situación de desproporcionada desventaja y arbitrariedad, incluso, frente a otras personas privadas de su libertad.
Nombre: Evelyn Beatriz Hernández
Fecha de detención: 6 de abril de 2016
Estado actual: Libertad provisional
El 6 de abril de 2016, Evelyn Hernández, a sus 18 años, quien desconocía su estado de embarazo, sufrió una emergencia obstétrica. Su madre la llevó de emergencia al hospital, donde en lugar de recibir las atenciones médicas y el acompañamiento necesario, fue detenida arbitrariamente y acusada por el delito de homicidio agravado. Evelyn fue sometida a un proceso penal parcializado y el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la condenó a 30 años de cárcel el 5 de julio de 2017. Luego de un recurso de apelación, la Cámara Primera de lo Penal anuló la sentencia, ya que la Fiscalía General de El Salvador no logró demostrar mediante el acervo probatorio la comisión del delito y ordenó la realización de un nuevo juicio. El 19 de agosto de 2019, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque dictó sentencia absolutoria a favor de Evelyn pero el 6 de septiembre de 2019 la Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra dicha decisión. Luego de la interposición de un recurso de recusación exitoso por parte de la defensa de Evelyn, la nueva composición de la Cámara Segunda de lo Penal deberá resolver el recurso de apelación por lo que, hasta la fecha, la persecución y criminalización contra Evelyn persiste.
