La crisis sanitaria por COVID-19 ha expuesto la gravedad de problemas estructurales que afectan a El Salvador, como las severas deficiencias de su sistema penitenciario. En ese sentido, organismos internacionales de derechos humanos ya han señalado que las cárceles pueden ser un foco de transmisión del virus y que por tal motivo es necesario que Estados como El Salvador tomen medidas para descongestionar las prisiones otorgándoles la libertad a personas en condiciones vulnerables. Es de amplio conocimiento que los centros de detención salvadoreños no cuentan con condiciones de salubridad apropiadas para evitar el contagio: no hay acceso a agua potable; las instalaciones no permiten distanciamiento social de población interna; no hay acceso a servicios de salud oportunos; y, como se ha conocido públicamente, el trato es cruel e inhumano.
En el contexto de la pandemia, El Salvador ya ha recibido varios llamados para respetar los derechos de las reclusas y reclusos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a El Salvador respetar los principios y buenas prácticas sobre personas privadas de la libertad en las Américas. De manera específica, CIDH ha pedido a los Estados conceder libertad anticipada a grupos de riesgo como personas mayores, mujeres embarazadas o con niños a su cargo. Ese organismo ha señalado que las medidas de descongestión carcelaria deben ser transparentes y aplicadas sin criterio de discriminación alguna.
Durante la crisis sanitaria, también la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que se investiguen todas las presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para responder al COVID-19. La Alta Comisionada dejó claro que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos de la población carcelaria evitando amenazas de salud pública y para ello reiteró que deberían adelantarse medidas de descongestión poniendo en libertad reclusos y reclusas que están detenidos y detenidas sin motivos jurídicos suficientes.
Ese es el caso de las mujeres que están encarceladas arbitrariamente en El Salvador. Recordemos que en marzo pasado el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que en ese país ocurren detenciones arbitrarias a mujeres que han tenido emergencias obstétricas, las cuales son víctimas del marco normativo salvadoreño vigente que es discriminatorio pues restringe los derechos humanos y la dignidad de las mujeres al criminalizar el ejercicio de sus derechos reproductivos y las conductas que son el resultado directo de la falta de acceso a servicios de salud. Esa situación se agrava mucho más en el contexto de la pandemia por COVID-19 pues las mujeres detenidas de manera arbitraria se exponen al contagio del virus como un riesgo adicional.
A nivel mundial muchos países han acatado las recomendaciones de la ONU al respecto de la reducción de población penitenciaria para mitigar la pandemia. En América Latina varios Estados se han alineado en ese mismo sentido y les han permitido la libertad a poblaciones en contextos de vulnerabilidad buscando contener la transmisión del COVID-19. Destacamos los siguientes casos:
- En Chile se ha otorgado la libertad a mujeres que hayan cumplido un tercio de la condena; les quede por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses; y estuvieren embarazadas o tuvieren un hijo o hija menor 2 años que resida en la unidad penal.
- En Colombia se le ha dado el beneficio de detención domiciliaria a mujeres gestantes o con hijos menores de tres años, dentro de los establecimientos penitenciarios, o también a personas con medidas de detención preventiva por delitos culposos.
- En México se ha concedido la libertad a mujeres acusadas del supuesto delito de aborto, y por extensión a personal de salud que haya llevado a cabo el procedimiento sin violencia y con consentimiento de dicha mujer.
- En Brasil se ha recomendado la revisión de detenciones provisionales para liberar a mujeres gestantes, lactantes o madres o personas responsables de niños de hasta 12 años o de personas con discapacidad, así como adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad o personas en grupo de riesgo.
- En Nicaragua fueron excarceladas 1700 personas que no tenían antecedentes penales y que eran acusada de delitos por los cuales se aceptaban fianza de algún tipo.
Es claro que los países de la región han dejado en libertad a un gran número de mujeres tenido en cuenta condiciones similares como ser madres, ya sea ya sea que sus hijos o hijas menores de edad se encuentren dentro o fuera de la prisión; estar detenidas de manera preventiva; o haber cumplido una porción considerable de la pena que les fue impuesta. De ese modo, vale la pena señalar que muchas de las salvadoreñas encarceladas de manera injusta se encuentran en situaciones muy parecidas: tienen hijos menores de 12 años que les esperan en casa, fueron detenidas de manera arbitraria o ya cumplieron un tercio de las condenas que nunca debieron haber recibido.
Como Estado integrante de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, El Salvador no sólo debe alinearse con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos; sino que debe seguir el ejemplo de las naciones que han dado pasos para reducir la población penitenciaria como medida para contener la expansión del COVID-19. Urge otorgar libertad a las personas que cumplan con los requisitos señalados, permitiéndoles buscar un lugar que garantice las condiciones adecuadas de salud para prevenir el contagio.
En medio de una de las peores crisis de salubridad que ha sufrido la humanidad, muchas mujeres en El Salvador siguen en prisión de manera indebida: ya sea porque fueron detenidas de manera arbitraria o porque les fueron impuestas condenas inmerecidas por un delito que no cometieron. Las salvadoreñas encarceladas de manera injusta por haber tenido una emergencia obstétrica son mujeres que hace mucho debieron gozar de la libertad y, hoy, ante la crisis por COVID-19 no merecen estar expuestas a un riesgo mayor.
¡Es justo liberarlas!
